El árbol es la huelga de los examinadores de Tráfico y el bosque, la situación del servicio de exámenes de la DGT. Que lo primero no nos impida ver lo segundo.

Un ejemplo: en Baleares los alumnos presentados el 25 de julio tienen cita para afrontar la prueba de circulación… ¡el 3 de octubre! ¡Y en Baleares la huelga ha tenido un seguimiento nulo! ¡Y los examinadores hacen horas extraordinarias! ¡Y han recibido refuerzos de la Jefatura Central! ¡Y hay un cupo que limita a cuatro los alumnos que puede presentar cada profesor al examen práctico! Saque el lector sus propias conclusiones.

CNAE ha pedido con insistencia unos servicios mínimos de al menos el 77%. El motivo es muy simple: el monopolio del examen lo tiene la DGT, y sin examen no hay permiso. Además, en algunas provincias (las menos) el conflicto no ha tenido ninguna repercusión o la ha tenido escasa. En otras, no ha habido pruebas de circulación. No deben coexistir ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, pues la tasa de examen es la misma para todos.

Dimes y diretes

Una última palabra sobre el árbol (o sea, la huelga). Cuanto más nos rascamos la cabeza, menos extraordinaria parece la siguiente conclusión: este conflicto obedece, al menos en parte, a una especie de malentendido. ¿Se comprometió en 2015 la DGT a subirles el salario a los examinadores o tan sólo les dijo que cursaría la correspondiente petición a Hacienda, dando por hecho que ésta aceptaría?

Por otro lado, la DGT insiste en que ella no tiene competencias para subirles el complemento a los examinadores. Y éstos, en que en 2008 hubo un tratamiento especial a muchos colectivos de funcionarios y que ellos se quedaron fuera, por lo que su reivindicación actual no entraña ninguna discriminación para con el personal de otros departamentos de la Administración.

Leones de bronce

Ahora centrémonos en el bosque, tupido e infestado de alimañas. ¿Cuándo avisó CNAE de la crisis que se avecinaba en el servicio de exámenes de la DGT? A finales de 2013 y comienzos de 2014. (Está documentado.) Y desde entonces, no han cesado sus mensajes de advertencia y sus propuestas de solución al problema; ha multiplicado sus gestiones ante las autoridades y la clase política; se ha dirigido a la opinión pública… Las autoridades han permanecido durante casi todo este tiempo tan mudas y ajenas al problema como los leones del Congreso, que son de bronce.

Demasiadas veces se tiene la impresión de que las administraciones (lo que llamamos a bulto el Estado), ni ven ni oyen, ni sienten ni padecen. Es tentador para el ciudadano sospechar que los altos funcionarios y los responsables políticos viven de espaldas a la realidad del país. Las actuaciones de los gobiernos y de las autoridades contribuyen a menudo a reforzar dicha impresión. Díganselo a las autoescuelas.

En efecto, los centros de Formación Vial podrían exclamar como el personaje de Shylock en la tragedia de Shakespeare «El Mercader de Venecia«: «¿No tenemos manos, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones? ¿No comemos lo mismo? ¿No nos hieren las mismas armas? ¿No sufrimos las mismas dolencias y nos curan las mismas medicinas…?» En resumen, ¿no somos gente?

Los grandes perjudicados

Se ha dicho y es verdad que los ciudadanos son los primeros perjudicados por la escasez de examinadores, ya que pierden tiempo y dinero cuando se aplaza una prueba, y tal vez la oportunidad de encontrar un trabajo o de presentarse a una oposición. No obstante, el ciudadano suele experimentar esta dificultad como un contratiempo inesperado, que puede ser enojoso (no lo ponemos en duda); pero antes o después obtiene su carné y se olvida del asunto; deja atrás la pesadilla.

No, el daño grande lo están sufriendo las autoescuelas porque los alumnos pasan y las autoescuelas permanecen. O sea, las grandes damnificadas son esas 30.000 familias que viven directamente en nuestro país de preparar a los futuros conductores. Azotadas durante años por la recesión, confiaban en tomar aire, ahora que la economía parece ir un poco mejor. Pero no contaban con que el curso natural de la vida (el completamente predecible retiro de muchos examinadores), junto con el hecho de que la Administración ha imitado a Don Tancredo, limitándose a contemplar el fenómeno como quien ve llover, les fuese a privar de su sustento.

Tarde, mal y nunca

Es verdad que en los últimos meses algo se ha movido: un nuevo curso de examinadores al que optan 24 candidatos (personal de oficina de la propia DGT), el anuncio de una inminente convocatoria para militares a punto de dejar su trabajo en Defensa, la promesa de una Oferta de Empleo Público antes de que termine 2017, para cubrir 70 plazas de examinador. No son meros futuribles, pero tampoco podemos ignorar que el propio ministro del Interior calculó a principios de año que hacían falta 176 examinadores. Lo más probable es que se quedase corto y es seguro que no incluyó los funcionarios que se van a jubilar a lo largo del actual ejercicio y del próximo.

Por este motivo, el refuerzo de la plantilla de la DGT será insuficiente, incluso si todo sale conforme a lo previsto por las autoridades; aunque lo peor es que no llegará a tiempo. El refrán «más vale tarde que nunca», podría encerrar, en la presente ocasión, una gran mentira y no una pequeña verdad.

Una vez terminada la huelga (y confiamos en que el conflicto se resuelva lo antes posible, si bien nos tememos que el desenlace dejará un ambiente enrarecido que tardará en disiparse), está por ver cómo la DGT gestiona sus menguados recursos para paliar en lo posible el destrozo causado por la propia huelga y el asunto de fondo: la dramática situación de su servicio de exámenes.