La actualidad manda, queridos amigos. La sociedad y las autoescuelas necesitan más exámenes de conducir; la Administración, también, aunque no lo parezca.

Sin embargo, ahí está la plantilla de funcionarios examinadores de Tráfico, viendo pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá. Para cualquiera que sepa restar, si entran dos y salen diez, el saldo negativo es de ocho.

La DGT se jacta de que continuamente forma nuevos examinadores, pero omite un pequeño detalle: mientras ella hace dos, se jubilan diez. ¡Que alguien cierre la puerta, que se escapa el gato!

En serio, las cuentas no salen. Y la Administración, en este asunto, recuerda poderosamente la comedia de Lope de Vega «El perro del hortelano», la cual aludía en sentido figurado a un chucho con malas pulgas que ni comía ni dejaba comer. Nos explicamos.

Por un lado, la Administración jura que el servicio de exámenes de la DGT fue, es y será por siempre de gestión pública. Pero el que da es cada día que pasa más insuficiente, por culpa de la escasez de examinadores. De seguir por este camino, bajará la persiana no tardando mucho.

¡Elijan, diantre!

«Es que –rezonga la Administración– el puesto de examinador no es atractivo». Háganlo apetecible. «Es que –insisten las autoridades– haría falta un dinero que no estamos dispuestos a invertir». Bien, pero este es un problema que han padecido otros países y que éstos han sabido solucionar. ¿Cómo? Buscando ayuda en la iniciativa privada. «Es que eso es imposible por definición», explica nuestro interlocutor imaginario, un alto cargo, sin duda. Pues ustedes dirán.

Porque quienes no tienen la culpa son los ciudadanos que aspiran al permiso y las autoescuelas que los preparan. Unos y otras están de los nervios y hartos de pagar un pato que luego no aprovecha a nadie y se comen las hormigas.

Tiempo atrás, calculó CNAE que pocos servicios eran tan económicamente rentables para el Estado como el de los exámenes de conducir. La razón es bien simple: los ingresos cuadruplican como poco los gastos. Además, el servicio se paga por adelantado, vía la correspondiente tasa.

Es una situación absurda: estoy obligado a dar un servicio, pero no lo doy. Este servicio debe ser de titularidad y gestión pública sí o sí, pero pierde funcionarios continuamente. No puedo gastar más en reponer las bajas, aunque, si lo hiciese, por cada euro que invirtiera obtendría cuatro o cinco.

Ya no sabe uno si llevar al perro del hortelano al dentista o al psiquiatra.