La descarbonización es esencial para llegar a la neutralidad del carbono, una situación en la que la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera y la cantidad retirada de ella son iguales, lo que se conoce también como huella cero de carbono. En la actualidad, se estima que los sumideros naturales (plantas, bosques y océanos) eliminan como máximo 11 Gt (Gigatoneladas) de CO2 al año, mientras que, por ejemplo, las emisiones en 2019 ascendieron a 38 Gt. Se hace ineludible reducir estas últimas. Llegar a la meta en 2050 pasa por cubrir con éxito una serie de etapas intermedias. Así, en el próximo decenio (2021-2030) habrá que: a) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al menos en un 23%, con respecto a 1990. b) Lograr una penetración de energías renovables de origen en el consumo final de energía de, al menos, el 42%. c) Conseguir que el sistema eléctrico esté alimentado al menos en un 74% por energías renovables de origen. d) Mejorar la eficiencia energética, a fin de que disminuya al menos en un 39,5% el consumo de energía primaria.
Al objeto de alcanzar los mencionados objetivos, se crean los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC), que deben recoger los objetivos sectoriales y las políticas y medidas en los diferentes sectores. El primer PNIEC abarcará el periodo 2021-2030. Además, se adopta la Estrategia de Descarbonización de aquí a 2050, que establecerá una senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de incremento de su absorción por los sumideros del conjunto de la economía española. Dicha estrategia se revisará cada cinco años.
1) Alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. 2) Que las emisiones de los turismos y los vehículos comerciales ligeros nuevos sean cada vez menores, de modo que no más tarde de 2040 estos vehículos no emitan CO2. 3) Introducir Planes de Movilidad Urbana Sostenible en los municipios de más de 50.000 habitantes, con el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023. Destaca también un conjunto variado de políticas tendentes a electrificar la movilidad, entre las que cabe destacar la obligación de instalar en las estaciones de servicio infraestructuras de recarga eléctrica (con una potencia de 150 kW o de 50 kW en corriente continua, según los casos), así como la adopción de una fiscalidad verde y la aprobación de una Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, cuyo proyecto presentará el Gobierno a las Cortes Generales no tardando mucho.
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