CNAE propone una bolsa de examinadores o que los inspectores examinen cuando lo requiera la situación

La Confederación Nacional de Autoescuelas se ha reunido con los partidos políticos, miembros de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, para exponerles la delicada situación por la que atraviesa el sector, debido a la escasez de examinadores y personal de oficina de la DGT, y apuntar algunas soluciones.

Tras el saludo a los asistentes por parte del presidente de la Comisión, Juan José Matarí, tomó la palabra el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, Enrique Lorca, quien hizo un completo análisis del momento que viven nuestros centros de formación vial, resumió la situación actual del sector y propuso las posibles soluciones, tal y como aquí se recogen:

SITUACIÓN ACTUAL DE SECTOR

“Uno de los principales objetivos del nuevo equipo de gobierno de CNAE, elegido en las elecciones de enero de este año, es solucionar, de una vez por todas, el problema de la escasez de examinadores y personal administrativo de Tráfico. Las autoescuelas son empresas por lo general muy pequeñas, que están repartidas por todo el país y que tienen un gran arraigo local. Hace no tanto tiempo éramos unas 9.300, pero en el último censo, que data de finales de junio de este año, había casi 700 menos. Damos sustento directo a más de 30.000 familias e indirecto a muchas otras, generalmente relacionadas con el mundo de la automoción, que tan importante es para España y su economía”.

“La escasez de examinadores de Tráfico no es algo coyuntural, sino estructural, un problema al que no se ha sabido o podido dar una solución definitiva. La DGT ha puesto la mejor voluntad, pero sus bienintencionadas medidas han sido sólo parches".

Nuestro sector sufrió, como todos, la gran crisis económica que comenzó en 2008, después nos vimos inmersos en dos huelgas de examinadores, la última duró seis meses, y por último, ha padecido los efectos de la actual pandemia, que nos ha dejado tres meses sin ingresos. Sin embargo, al reanudar la actividad comprobamos, con grata sorpresa, que había una gran demanda del permiso de conducir. Pero una vez más, las carencias de la Administración impiden u obstaculizan nuestro trabajo, pues la DGT no dispone de suficientes examinadores ni personal administrativo, con lo que el proceso de obtención del permiso se dificulta de un modo extraordinario. Pondré un ejemplo: ¿qué pensaríamos si la Administración le dijera a los fabricantes de automóviles: no puedes producir más que la mitad de los vehículos que hacías hasta ahora porque no dispongo de personal suficiente para matricularlos?. Nos parecería inconcebible. Pues esto, es lo que ocurre con las autoescuelas: no podemos llevar a nuestros alumnos al examen porque la DGT no tiene funcionarios suficientes para supervisar y evaluar las pruebas, y cuando el alumno no tiene la certeza de que se va a poder examinar, deja de dar clases y se paraliza en gran medida el trabajo para las autoescuelas”.
 

Todo ello, ocurre después de haber hecho un esfuerzo extraordinario para evitar contagios, y poder abrir nuestros centros con seguridad. “Elaboramos un protocolo COVID 19 que consensuamos con los principales sindicatos del sector para reanudar las clases. Dicho sea de paso, el protocolo ha funcionado a entera satisfacción de profesores y alumnos, de hecho en nuestro sector no ha habido ningún brote de momento, y esperemos que siga así”.

“Los alumnos han confiado en nosotros y han vuelto a la autoescuela pero no podemos completar nuestros servicios, a pesar de que pagan por anticipado una tasa de examen que les debería dar derecho a presentarse a las pruebas en tiempo y forma.”

Ahora mismo ha aumentado la demanda, se juntan varios factores;  la sociedad se inclina hacía el transporte privado para evitar contagios, muchos necesitan el permiso para acceder a un trabajo, y hay un gran número de personas en lista de espera tras los tres meses de inactividad por el confinamiento. El presidente de CNAE ha querido subrayar: “Aunque afortunadamente ahora tenemos trabajo, no somos un sector boyante ni mucho menos, dada la feroz competencia en precios y los estrechos márgenes de beneficio, lo que nos deja sin provisión de fondos para contingencias como la provocada por la Covid-19. Me parece un sinsentido, que el Gobierno que está intentando dinamizar los distintos sectores productivos, y este, el de las autoescuelas, que tiene demanda,  lo limite, paralice y lo esté abocando al cierre. Si las autoescuelas trabajan, generaremos empleo, IVA, impuestos de sociedades, etc. Un buen servicio de exámenes de conducir contribuiría a la tarea colectiva de relanzar la economía del país, que tan necesaria es para el sustento de las familias y bienestar social”.

Se trata de una situación con graves consecuencias y de muy fácil solución.

SOLUCIONES QUE PROPONE CNAE A LA ADMINISTRACIÓN:

Una bolsa de examinadores interinos, donde aquellos aspirantes a examinador que hayan aprobado pero no conseguido plaza, puedan formar parte de dicha bolsa y se puedan incorporar a requerimiento de DGT, para examinar en momentos en los que haya más demanda, como ocurre en Educación, Judicatura, Hacienda, etc.

La otra opción que proponemos es: recientemente DGT ha sacado a concurso una licitación para empresas que, debidamente acreditadas y bajo el control de la Administración, inspeccionen las autoescuelas, los cursos de sensibilización y reeducación vial, los de mercancías peligrosas, y los de motocicletas, CNAE sugiere que se prepare y habilite a parte de ese personal encargado de las inspecciones, para reforzar el servicio de exámenes cuando la situación lo requiera, teniendo en cuenta que nuestro sector se caracteriza por la estacionalidad. Las necesidades de exámenes son mayores en determinadas épocas del año, especialmente cuando los estudiantes están de vacaciones.
 

Desde CNAE alertamos de la necesidad de solucionar este problema a la mayor brevedad posible, ya que muchas autoescuelas no podrán resistir por mucho tiempo la situación actual, y que les podría abocar al cierre.

Por lo tanto, si cualquiera de las opciones propuestas, u otras que pudiera llevar a cabo la Administración, necesitaran de un tiempo considerable, instamos a que, de forma provisional, se tomen soluciones urgentes, como por ejemplo: la utilización de guardias civiles en la reserva, policías locales, mossos désquadra, ertzaintzas, o militares, aunque sólo sea para las pruebas de destreza (pista), esta acción liberaría un número importante de examinadores para centrarse en los exámenes de circulación.
 

“Los ciudadanos y las autoescuelas necesitan soluciones urgentes. La DGT habla de dos procesos de formación de examinadores (una oposición abierta para cubrir 40 plazas y un concurso interno para dotar con personal otras 50), que concluirán previsiblemente en el primer semestre de 2021. La pregunta es ¿cuántas autoescuelas lograrán resistir hasta esa fecha?. Y además hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos: en los próximos cinco años alcanzarán la edad de la jubilación 230 examinadores”.

“Es justo reconocer el trabajo de las jefaturas de Tráfico y de la propia DGT, que se esfuerzan y hacen lo que pueden, pero que no cuentan con bastantes medios. La solución debe venir de más arriba, quizá de Interior o de Función Pública. El pasado día 9 la DGT difundió una nota de prensa en la que asegura que este verano se han hecho 15.300 pruebas de circulación más que en el mismo período de 2019. Es verdad (y bienvenido sea el incremento), pero el propio Pere Navarro dijo en junio ante esta Comisión que durante el estado de alarma se habían quedado sin examinar de circulación 268.000 aspirantes a conductores. Los números hablan por sí solos. Ese déficit acumulado está ahí. Y la realidad es que aún con las medidas adoptadas por la DGT este verano, muchos alumnos no se han podido examinar, y tampoco hay perspectivas de ello para el futuro inmediato”.

IMPORTANTE DESTACAR:

El presidente de CNAE quiso aclarar ante los partidos políticos las siguientes cuestiones: “Ante todo me gustaría recalcar, para que quede muy claro, que CNAE no tiene preferencia por ningún modelo concreto. En Europa hay tres: el público, el privado y el mixto".
 

"Algunas personas y organizaciones, por ignorancia o por interés, nos acusan de querer la privatización del servicio para quedarnos con él. Es una completa falsedad. Es más, la Confederación no querría bajo ninguna circunstancia gestionar el servicio de exámenes de conducir porque entiende que no se puede ser juez y parte. Nosotros nos dedicamos a formar conductores y punto”.

También subrayó Enrique Lorca: “Algunos dicen que la culpa del atasco la tenemos las autoescuelas porque no preparamos bien a nuestros alumnos, estos suspenden y han de presentarse otra vez o varias más, con lo que saturan el servicio. Esto es desconocer la realidad. Nos encontramos con que muchos alumnos o sus padres, no todos afortunadamente, exigen ir al examen antes de tiempo, y los profesores no pueden impedirlo, aunque intentan por todos los medios hacerles ver que si no tienen la preparación suficiente no aprobarán. Para abordar este problema nos reuniremos con la Administración, y propondremos las soluciones en las que ya estamos trabajando”.
 

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD VIAL, DISPUESTA A ECHAR UNA MANO

Los miembros de la Comisión agradecieron el análisis pormenorizado realizado por el máximo responsable de CNAE, y que evidencia el drama por el que está pasando el sector, y los alumnos. También agradecieron las propuestas para la solución definitiva a este problema que se repite todos los años. Enrique Lorca les comunicó que en breve, recibirían el informe detallado elaborado por la Confederación con dichas propuestas, y su disposición para reunirse con ellos cuando fuese necesario.

El presidente de la Comisión, Juan José Matarí, le informó que el próximo día 24 comparecerá ante ellos el Director General de Tráfico, y que le exigirán que solucione de una vez por todas, el problema de falta de examinadores y personal administrativo.
Los distintos partidos políticos confían en que el consenso que impera en la Comisión empuje al Gobierno a tomar cartas en el asunto.