Tal y como describe el texto, recogido en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, «el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas urgentes y extraordinarias que sean necesarias para paliar el déficit de personal en las jefaturas de Tráfico que está ocasionando importantísimos retrasos prolongados en la tramitación administrativa de todo tipo de cuestiones relacionadas con su actividad y, en todo caso y de modo especial, los relacionados con la tramitación para la obtención del permiso de conducir». De hecho, si bien la PNL refleja «la falta reiterada de personal» en términos generales, destacando «el grave perjuicio a la ciudadanía» a la que ocasiona «inconvenientes permanentes», presta especial atención a la falta de examinadores. «Ante la dimensión que se está ocasionando con esta situación, el Gobierno debe ser consciente de la importancia de atender todos los procesos que demandan los ciudadanos de la cadena de la tramitación pública en cuestiones relacionadas con Tráfico —exámenes de conducir, citas presenciales, trámites administrativos de todo tipo, o cualquier otra gestión—», señala el documento. Resulta especialmente llamativo el «modo unánime» en el que sindicatos y patronal del sector de las autoescuelas «vienen reclamando al Gobierno el firme compromiso de mantenimiento y potenciación tanto de las estructuras físicas como de los recursos humanos necesarios para poder ofrecer el mejor servicio público a la ciudadanía». Los agentes sociales coinciden en advertir del «colapso de la atención al público de la DGT ante la falta de personal y la caótica gestión del Gobierno en relación con los recursos humanos adscritos a estos servicios», según el texto presentado el 30 de agosto y publicado este 18 de septiembre. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que se iba a arreglar el problema con un conjunto de contrataciones de personal, pero de todos los contratos prometidos, solo se ha efectuado una parte de las 1.700 vacantes que tiene actualmente Tráfico, según informó el propio director general, Pere Navarro, durante su intervención en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados este mismo año. La iniciativa parlamentaria, que se retomará en la próxima reunión de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, queda pendiente de aprobación.
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