De izquierda a derecha, Susana Crisóstomo (subsecretaria de Interior), y Marta Madrenas (presidenta de la Comisión sobre Seguridad Vial).
Félix Alonso, por parte de Sumar, expuso la problemática con la que se enfrentan las autoescuelas de distintas provincias, «un problema de carácter estructural, cuyas causas, además de la falta de cobertura de plazas arrastrada durante años, también se achacan a la falta de respuesta suficiente ante la estacionalidad», afirmó. Aunque reconoció los esfuerzos por parte de DGT para paliar el problema, «no son suficientes ni van acompañados de las medidas de contratación necesarias». Por eso, entre otras propuestas, señaló la de llevar a cabo «un estudio con el sector sobre las posibles mejoras en la realización de los exámenes». Impulsar de modo decidido las adecuadas acciones formativas y de sensibilización y concienciación Por otro lado, el grupo popular reiteró al Gobierno la necesidad de poner en marcha medidas formativas de sensibilización y concienciación vial como herramientas fundamentales para salvar vidas. «La necesidad de reducir la siniestralidad vial debería estar por encima de cualquier interés partidista», expuso la diputada popular Alma Alfonso. «Las cifras de siniestralidad son inaceptables y exigen de una respuesta decidida. Proponemos soluciones concretas, involucrar a expertos en seguridad vial, asociaciones de víctimas y actores clave en la planificación y ejecución de campañas educativas y de formación. La ley de tráfico ya contempla cursos de concienciación y sensibilización obligatorios, su alcance debe ampliarse y su ejecución debe mejorarse», pidió. «Ante esto cabe preguntarse por qué el Gobierno rechaza medidas que podrían reforzar estas acciones y salvar vidas. Seguiremos defendiendo esta causa, porque cada medida que no se tome puede significar vidas que no se salven. Exigimos al Gobierno que cumpla con el mandato de esta Cámara y actúe de inmediato. Las medidas actuales no logran los resultados necesarios», señaló Alfonso. Susana Crisóstomo, subsecretaria del Ministerio del Interior, contestó que «el Gobierno va a seguir haciendo todo lo que esté en su mano para reducir los índices de siniestralidad. DGT recoge aportaciones de todos los expertos, organizaciones y entidades» y resaltó «el valiosísimo papel que juegan las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico». Acceso de las personas con movilidad reducida al permiso de conducción Raquel Clemente, diputada popular, hizo mención al estudio llevado a cabo por Fundación CNAE, Fesvial y Fundación ONCE sobre las dificultades de las personas con discapacidad a la hora de obtener el permiso de conducción. Preguntó al Gobierno por las medidas que se están desarrollando para dar cumplimiento a la PNL aprobada el 16 de octubre que le instaba a mejorar el acceso de las personas con movilidad reducida a la obtención del permiso de conducir en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Susana Crisóstomo explicó la actuación de DGT para favorecer el acceso al permiso a las personas con discapacidad, desde el punto de vista de los exámenes teóricos y también de las clases prácticas. «En 2022, se aprobó una instrucción que permitía la cesión de vehículos adaptados para la formación y prueba de aptitudes de aspirantes con alguna dificultad motora. Es una opción realista que nos permite favorecer ese acceso de las personas con discapacidad a los exámenes prácticos sin colisionar con el ordenamiento jurídico».
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