En su intervención en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordó que únicamente el 47 % de aspirantes resultan aptos en primera o segunda convocatoria. Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) se considera importante aclarar que este dato no refleja la preparación de los alumnos ni la calidad de la enseñanza, sino las limitaciones estructurales que todavía arrastra el sistema de exámenes. La propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha reconocido esta situación. El director general, Pere Navarro, ha señalado que la plantilla de examinadores fue diseñada para un país de 40 millones de habitantes cuando hoy ya superamos los 50 millones. A este incremento demográfico se suman los nuevos criterios europeos, que han reducido de 16 a 12 el número de pruebas por examinador y día, limitando la capacidad operativa de unas jefaturas que durante años han funcionado con recursos insuficientes. Las demoras de meses para poder examinarse afectan directamente a los alumnos. En muchos casos se ven obligados a interrumpir su formación práctica mientras esperan turno, lo que repercute en la pérdida de soltura y confianza al volante y, en ocasiones, en gastos adicionales para retomar clases o abonar nuevas tasas. Además, la ausencia de una formación mínima regulada permite que algunos aspirantes exijan presentarse antes de estar realmente preparados, lo que genera desigualdad en los resultados y distorsiona el sentido de la tasa de aptos. En septiembre de 2025 se han incorporado 118 nuevos examinadores. Además, está previsto un refuerzo adicional de 230 plazas: 100 correspondientes a la OEP 2025, y 130 más gracias a la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Se trata de un refuerzo sin precedentes, fruto de la insistencia, el diálogo y el trabajo técnico entre CNAE y DGT. En este proceso, las autoescuelas desempeñan un papel clave. Son las responsables de que millones de ciudadanos accedan a la conducción con la preparación adecuada y en condiciones de seguridad. Cualquier solución que intente sustituir la formación profesional por vías improvisadas no aportaría garantías ni rigor y, lejos de resolver el problema, lo trasladaría al terreno de la seguridad vial.
En palabras de Enrique Lorca, presidente de CNAE: “Desde CNAE, en nombre de las autoescuelas, reclamamos un sistema justo, eficaz y seguro, que garantice a los alumnos la posibilidad de examinarse en plazos razonables y en condiciones homogéneas en todo el país. Así se podría programar mejor la formación de los alumnos y, por consiguiente, el porcentaje de aprobados aumentaría, contribuyendo a tener una mejor seguridad vial.”
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