La patronal de las autoescuelas y los sindicatos exigen al Gobierno acabar con el colapso de las jefaturas de Tráfico

Patronal y sindicatos exigen revertir con urgencia la situación de desatención a los ciudadanos por falta de recursos técnicos y humanos en dependencias provinciales. La falta de personal en algunas jefaturas de Tráfico perjudica la labor de las autoescuelas y colapsa el servicio al ciudadano. La falta de reposición de personal y las restricciones impuestas debido a la pandemia del COVID-19 han agravado la situación. Esto ha ocasionado importantes retrasos en la realización de exámenes y trámites administrativos de tráfico, que afectan negativamente a los ciudadanos, los trabajadores y a un gran número de sectores.

La patronal del sector (CNAE – Confederación Nacional de Autoescuelas) y las organizaciones sindicales UGT Servicios Públicos, USO, CCOO y CIG, integrantes de la comisión negociadora del sector de autoescuelas, reclaman al Ejecutivo el firme compromiso de mantenimiento y potenciación tanto de las estructuras físicas como de los recursos humanos necesarios para poder ofrecer el mejor servicio público a la ciudadanía.

Realizar gestiones en algunas jefaturas provinciales de Tráfico se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para los usuarios. En el departamento de atención al público, el número de puestos sin cubrir se eleva al 60%. Trámites frecuentes como la renovación de permisos, las matriculaciones o los exámenes de conducir generan un cuello de botella que colapsa el servicio.

El sector exige la cobertura de los puestos necesarios para solucionar una situación que se ha prolongado más de diez años y ahora amenaza incluso con precipitar el cierre de dependencias de algunas jefaturas provinciales. Los principales afectados son los ciudadanos.
Si no se adoptan medidas a tiempo, el impacto de un eventual cierre de jefaturas impactaría de forma directa en la actividad de las autoescuelas abocando a algunas de ellas al cierre. En la actualidad, 35.000 familias viven de las 8.200 autoescuelas que desarrollan su actividad en España.

Las organizaciones más representativas del sector de los centros de formación para la conducción y la seguridad vial son conocedoras de que el proceso que los ciudadanos inician cuando acuden a una autoescuela se tiene que seguir desarrollando en armonía, con la máxima diligencia en cualquier gestión administrativa que responda al interés de dicha ciudadanía.Por ello, todos los eslabones de la cadena de la tramitación pública -exámenes, trámites administrativos, citas previas o cualquier otra gestión-, deben garantizar la fluidez en los canales de comunicación entre ciudadanos y administración pública, contando para ello con los máximos recursos.
Nota de prensa

En el mismo sentido, tanto la patronal sectorial (CNAE), como los sindicatos que componen la comisión negociadora con las autoescuelas, son conscientes de que la lucha por la seguridad vial debe tener una continuidad en todas las estructuras de los distintos ámbitos de la administración pública. De esta forma se podrá garantizar que el servicio público que se ofrece desde las autoescuelas se completa en todas las líneas de seguimiento que la formación vial ofrece a los ciudadanos.

En definitiva, CNAE y los sindicatos exigen al Ejecutivo que se mantengan todas las estructuras y se incrementen los recursos técnicos y humanos de las jefaturas de Tráfico para garantizar que las autoescuelas y sus profesionales puedan seguir ofreciendo el servicio que tienen encomendado como parte del proceso de formación vial de la ciudadanía, esencial para garantizar, en el ámbito de sus posibilidades, una movilidad segura de conductores profesionales y particulares.

JEFATURAS DE TRÁFICO EN PELIGRO DE CIERRE

La situación que se vive en las jefaturas de muchas provincias del Estado, en las que más de la mitad de las plazas está sin cubrir, es crítica. Esta circunstancia deteriora la atención a los usuarios que ofrece este servicio público, donde se realizan diferentes trámites, de exámenes, licencias y permisos de conducción, matriculaciones o transferencias de vehículos, entre otros.

Además, esta importante falta de personal en puestos de atención directa al público se traduce en que casi el 70% de personas que necesita obtener cita previa no lo consiga, cifra que aumenta hasta el 90% cuando se trata del trámite de canje de licencia, según datos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

La gravedad de la situación podría obligar a la propia Dirección General de Tráfico (DGT) a cerrar algunas dependencias, por lo que los usuarios en las zonas afectadas tendrían que desplazarse a otras provincias para realizar los trámites correspondientes. De ahí la urgencia de cubrir las plazas vacantes existentes en la DGT, de forma que se pueda garantizar la seguridad vial y la atención en este servicio público. Este objetivo exige al Gobierno la dotación necesaria y una Oferta de Empleo Público específica para continuar la lucha contra la siniestralidad vial y las muertes en carretera.

Según la organización sindical, la progresiva pérdida de personal en la última década deja al 60% de las provincias con las oficinas de atención al público de las jefaturas de Tráfico con más del 50% de los puestos de su plantilla sin ocupar, y con el consecuente menoscabo en el servicio al ciudadano.

Este delicado escenario se agrava en provincias en las que esta alta tasa de plazas vacantes crece por encima del citado porcentaje, según cifras de la organización sindical. Es el caso de Ibiza, Navarra, Tarragona, Girona, Madrid, Castellón, Huelva, Barcelona, Guadalajara, Toledo, Teruel, Soria y Valladolid. En algunas de estas jefaturas falta personal de oficina, en otras, examinadores. En varias, lo uno y lo otro. Si falla el eslabón público, la cadena se rompe. Los aspirantes a los permisos y los profesores que les inculcan seguridad vial (y en eso consiste enseñar a conducir) no pueden resignarse a que la Administración no cumpla con su parte y exigen una tramitación ágil y pruebas de circulación en número suficiente.
Nota de prensa

No facilitar los recursos necesarios significaría poner palos en las ruedas a un sistema de formación que ha sido, es y será fundamental para prevenir la siniestralidad grave en nuestras carreteras. Por otro lado, también resulta necesario recalcar que la DGT es un organismo autónomo que está estrechamente ligado al sector de la automoción, el cual representa alrededor de un 10% del PIB.